El origen de la Unión Europea fue el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1951), el cual suponía la aparición de una fórmula desconocida hasta entonces en el Derecho Internacional, consistente en que los países pasaban a ejercer parcelas de su soberanía de forma conjunta a través de instituciones comunes, entre las que se incluía una Asamblea Común.
Tras diversos avances y sucesivas incorporaciones, finalmente en el año 1979 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento Europeo. Años después, en 1992, con la entrada del vigor del Tratado de Maastricht, se reconoce por primera vez el concepto formal de ciudadanía europea, de tal modo que pasan a considerarse ciudadanos de la Unión todas las personas que tengan la nacionalidad de un Estado Miembro; configurándose la ciudadanía europea como complementaria a la nacional. Por lo tanto, la relación entre los Estados Miembros de la Unión Europea pasa de ser una relación meramente económica a ser también una relación política.
España no se adhirió a la Unión Europea hasta el año 1986, celebrándose por primera vez elecciones al Parlamento Europeo en nuestro país en el año 1987, a mitad de legislatura.
Según lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa; en base a la cual los ciudadanos estarán directamente representados a través del Parlamento Europeo, por lo que el Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. Los 751 miembros con los que cuenta actualmente el Parlamento Europeo se verán reducidos a 705 tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea; y de esos 705, elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años, España elegirá a 59.
En cuanto a los niveles de participación en las elecciones al Parlamento Europeo en España, ésta ha mostrado una pauta decreciente. En los primeros comicios europeos celebrados en España (1987), la participación fue del 68,52%, frente al 45,84% registrado en nuestro país en las últimas elecciones europeas de 2014. El declive de participación en las elecciones al Parlamento Europeo solo tiene como excepción las elecciones europeas de 1999, año en el que coincidieron con las elecciones municipales y autonómicas y se alcanzó una cuota de participación del 63,05%.
Sin embargo, en lo que concierne a las elecciones generales, los niveles de participación suben en comparación con las europeas, habiendo alcanzado máximos que rozan el 80% de participación, y su mínimo en las últimas elecciones generales de 2016, con un 66,48% de participación. Casi coinciden el mínimo de las elecciones generales con el máximo de las elecciones europeas.
Por lo tanto, es más que evidente la existencia de abstención diferencial, es decir, la existencia de votantes que no participan en los comicios europeos, a pesar de hacerlo en las elecciones generales.
Desde el punto de vista normativo, la participación electoral es esencial para otorgar legitimidad democrática al sistema político y para la consecución de la igualdad política entre los ciudadanos, ya que aquéllos que no participan influyen en menor medida en las políticas públicas que se ejecutan desde la Unión Europea. Niveles elevados de participación electoral suelen asociarse con una mejor representación de los intereses de la sociedad en su conjunto (Lijphart, 1997).
En el Barómetro de Diciembre del CIS, en el que se consultaba acerca de la intención de participación en los comicios europeos y sobre los motivos que activaban la abstención, solo un 61,2% de los encuestados considera que su voto es útil, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica.
En cuanto a los principales motivos de abstención, es más que evidente la desafección política. La percepción de la inutilidad del voto sumada a la aversión por la política y por sus representantes, parece dibujar un panorama desesperanzador respecto a la participación en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
Aún así, cabe mencionar que la coincidencia temporal de varias consultas o elecciones genera “economías de escala”, tanto en la demanda electoral como en la oferta de la misma, lo que produce un efecto de incremento de la participación (Aldrich, 1997). Además, cuando se celebran varios comicios simultáneamente, crece la atención al respecto por parte de los medios de comunicación, lo que provoca mayor interés en la sociedad (Geys, 2006).
Los ciudadanos deciden votar o no en base a sus niveles de motivación e interés, después de analizar casi de modo inconsciente el beneficio que reportará su voto frente a los costes de ir a votar. Si hay varias elecciones coincidentes, los beneficios pueden multiplicarse, mientras que el coste seguirá siendo el mismo.
Por lo tanto, no es descabellada la previsión de que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el 26 de mayo, habrá un aumento de participación en comparación con las que las anteceden, ya que la concurrencia con otros comicios puede ser un factor fundamental de activación de la participación.
SW DEMOSCOPIA.
María Macías Ibáñez.
Jurista y Politóloga.