Categoría: Opinión

El paso dado por Íñigo Errejón se enmarca en una atribución apriorística que les hace anticipar un cierto éxito. Pero ninguna campaña electoral es sencilla

Cuando hablamos de las imperfecciones del sistema electoral español, gran parte de los ciudadanos señalan con dedo acusador a Victor D’Hondt, jurista y matemático belga del Siglo XIX que ideó uno de los sistemas electorales más famosos a nivel mundial: el sistema D’Hondt. En España, este sistema se encuentra regulado en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y se aplica a todas aquellas candidaturas que superen la barrera electoral del 3% en las elecciones generales. El sistema D’Hondt es un sistema de cálculo proporcional basado en una fórmula de media mayor en el que se divide el número de votos que ha obtenido cada partido político por un número de divisores igual al número de escaños correspondientes a la circunscripción, y se atribuyen los escaños a las medias mayores. En la siguiente tabla podemos ver un ejemplo práctico según lo acontecido en las últimas elecciones generales en la circunscripción cordobesa: Y aunque estemos tan habituados a culpar a D’Hondt, lo cierto es que los dos aspectos más conflictivos de nuestro sistema electoral se deben a otros asuntos distintos a este sistema de reparto. Si hay que señalar con dedo acusador, deberíamos hacerlo en otras dos direcciones: por un lado al sesgo de la proporcionalidad, y por otro al sesgo del prorrateo. En lo que se refiere al sesgo de la proporcionalidad, aunque nuestro sistema electoral se defina como proporcional, lo cierto es que los efectos que produce están mucho más cerca de un sistema mayoritario. Esto se debe al tamaño de las circunscripciones, ya que más de la mitad son pequeñas, contando con menos de cinco escaños. La Constitución Española establece claramente que la circunscripción electoral es la provincia; a la vez que la Ley Electoral reconoce a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla como circunscripciones. Por lo tanto, el sistema electoral español cuenta con cincuenta y dos circunscripciones entre las que se reparten los trescientos cincuenta escaños que conforman el Congreso de los Diputados. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, mientras que Ceuta y Melilla están representadas por un Diputado cada una. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias según su población, y al producirse esta división obtenemos la magnitud del distrito, es decir, la cantidad de escaños que se va a repartir en cada circunscripción. Cuanto menor es la magnitud del distrito, menor es la proporcionalidad que causa el sistema electoral en él. En las circunscripciones con magnitudes pequeñas, en las que se designan pocos diputados, el sistema D’Hondt genera distorsiones entre número de votos y obtención de escaños; pero no por el sistema D’Hondt en sí, sino por la reducida magnitud de las mismas. Si usásemos otro sistema de reparto diferente a D’Hondt, la desproporcionalidad provocada por la pequeña magnitud de los distritos seguiría existiendo. A medida que aumenta el tamaño de la circunscripción – podemos decir que por encima de los 9 escaños – las distorsiones que provoca D’Hondt se van aminorando y el sistema electoral se vuelve más proporcional. Por ejemplo, en el caso de la circunscripción de Soria, en la que solo se reparten dos escaños, si hay cuatro partidos con posibilidad de competir por esos escaños, dos se quedarán fuera a pesar de que la diferencia en número de votos sea escasa. Este reparto de escaños favorece claramente a los partidos mayoritarios. Quiero hacer hincapié en que partido mayoritario no es necesariamente sinónimo de partido tradicional; si un partido de los llamados “emergentes” obtiene un mayor número de votos, el sistema le beneficiará en detrimento de los demás. La consecuencia más inmediata del sesgo de proporcionalidad es que el número de votos que obtiene cada partido político no tiene un reflejo absoluto en el reparto de escaños, y que hay votos que se pierden. Siguiendo el ejemplo de Soria, en las últimas elecciones generales, los dos Diputados que le correspondían a la circunscripción fueron obtenidos por PP y PSOE; por lo que los 7.518 votos a Unidos Podemos y los 5.629 votos a Ciudadanos se perdieron, ya que no se vieron transformados en escaños en esa circunscripción.   En cuanto al sesgo del prorrateo, éste se refiere a la forma en que se asignan los escaños que van a repartirse en cada circunscripción. A cada circunscripción se le otorga un mínimo de 2 Diputados – exceptuando Ceuta y Melilla –lo hace que las menos pobladas estén sobrerrepresentadas. Además, al dividir los 248 escaños restantes entre provincias se produce un desajuste entre los escaños que se eligen en cada circunscripción y la población que lo integra; lo que favorece a las provincias rurales y más despobladas, sobreponderando el valor del voto de los ciudadanos de las mismas. Así, Madrid está infrarrepresentada y Segovia, Soria o Teruel están sobrerrepresentadas; por eso solemos oír la expresión de que “no valen lo mismo todos los votos”. En el siguiente mapa podemos observar el número de votos necesarios en cada provincia para conseguir un escaño: https://datawrapper.dwcdn.net/NzJ38/2/ La existencia de circunscripciones provinciales también favorece a los partidos nacionalistas, que concentran sus votos en pocos distritos, por lo que tienen mayor facilidad para obtener un escaño que aquellos partidos que tienen su voto dispersado por todas las circunscripciones. Así, en las últimas elecciones, PACMA, a pesar de haber obtenido 284. 848 votos, no obtuvo ningún escaño debido a la diseminación territorial de sus votantes. Es cierto que todos los sistemas electorales generan algún tipo de desproporcionalidad y que no hay ninguno que sea plenamente equitativo con todos los partidos políticos; de hecho, en la mayoría de los casos esto es así deliberadamente para garantizar una mayor gobernabilidad del territorio. Aún así, en el caso español, los sesgos mencionados provocan que haya un alto porcentaje de votos que no son tenidos en cuenta a la hora de la formación del Congreso, digamos que “se pierden por el camino”, al haber 52 filtros en forma de circunscripciones que provocan el efecto de que en España

Democracia y participación son dos conceptos que están íntimamente ligados e inevitablemente asociados. La participación igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones, en la formación de candidaturas, en la formulación de políticas públicas y en la vida pública en general otorga mayor calidad al sistema democrático, asegurando gobiernos más representativos. Tradicionalmente, las mujeres han sido excluidas del poder y de los asuntos públicos, y los hombres han sido quiénes han dominado la esfera política. Existía – y sigue existiendo en algunos sectores – la errónea idea de que las mujeres, como grupo social concreto, deben reservarse al espacio doméstico, y por lo tanto su ambiente, tiempo y educación han estado – y siguen estando, aunque en menor medida – fuertemente vinculados a una cultura específica de atención y cuidado del hogar y de la familia, siendo así menor su presencia en el entorno político. De hecho, según los datos del Estudio Postelectoral del CIS de 2016, las mujeres afirmaban tener una participación menor en determinados aspectos de la vida pública, como afiliación a partidos políticos, participación en huelgas o pertenencia a asociaciones. Pese a que la participación política no se limita al sufragio, dentro de nuestro sistema de democracia representativa creo que es esencial analizar los datos respecto al mismo. Desde un punto de vista de sufragio activo, la capacidad de votar de las mujeres y los hombres en la actualidad no tiene diferencias significativas, por lo que la variable género no es determinante en este sentido. Sin embargo, desde la perspectiva del sufragio pasivo, lo cierto es que aún siguen existiendo importantes diferencias de género. A pesar de que el número de mujeres que ejercen cargos de representación política ha seguido una pauta creciente desde la I Legislatura, en la que solo había 24 mujeres Diputadas y 6 mujeres Senadoras, aún queda camino por recorrer. En la XII Legislatura, la composición femenina del Congreso de los Diputados ha sido del 39,7% (139 mujeres) y la del Senado del 43,60% (116 mujeres). A nivel de política local, es más que evidente la preponderancia masculina. Según datos oficiales de 2015, solo el 19,09% de las alcaldías de nuestro país son ocupadas por mujeres. Respecto a las concejalías, el porcentaje de mujeres que ostentan una se eleva algo más, hasta el 35,57%; aún así, sigue siendo indiscutible la brecha de género. En España, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, introduciendo el principio de presencia equilibrada de género en su artículo 44 bis, que enuncia, a grandes rasgos, que las candidaturas deben tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Además, se establece que la proporción mínima del cuarenta por ciento habrá de estar presente en cada tramo de cinco puestos. Lo cierto es que desde la mencionada reforma, que se produjo en el año 2007, se ha reducido en cierto modo la masculinización de las candidaturas electorales. A pesar de ello, esta modificación legal no ha tenido un éxito absoluto, ya que, analizando los datos, es fácil constatar que sigue habiendo predominación de representantes políticos masculinos. Un paso más allá de la composición equilibrada de género en las listas lo da el establecimiento de la obligatoriedad de listas cremallera. Las listas cremallera son aquellas en las que mujeres y hombres ocupan puestos alternos y la proporción de ambos es de un 50%. A pesar de no ser imperativo legal en nuestro sistema electoral, lo cierto es que muchos partidos políticos han adoptado este sistema, por ejemplo PODEMOS, Izquierda Unida o el Partido Socialista. Es obvio que la instauración de la obligatoriedad de listas cremallera favorecería la representación femenina; pero aún así no se garantiza totalmente la paridad, ya que las mujeres siguen siendo minoría en las cabezas de lista. Por poner un ejemplo, todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los principales partidos para las próximas elecciones generales del 28 de abril son hombres. Las mujeres están infrarrepresentadas en la toma de decisiones en general, y también en el seno de los partidos políticos, al ser parte minoritaria en los principales órganos de decisión de los mismos. Según estadísticas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (noviembre 2018), siguen siendo más hombres que mujeres quiénes ocupan cargos ejecutivos dentro de los principales partidos políticos, a excepción de Izquierda Unida, que cuenta con 11 miembros de cada sexo. Hay partidos como PODEMOS, Coalición Canaria o PSOE en los que la representación femenina en sus principales órganos de gobierno es del 48.65%, 45.65% y 41.67% respectivamente; y otros como el Partido Popular, en cuyo Comité Ejecutivo la presencia de hombres es prácticamente el doble que la de mujeres (63 frente a 32); Ciudadanos, en el que la presencia de hombres en el Comité Ejecutivo duplica claramente a la de mujeres (25 frente a 12) o Esquerra Republicana de Catalunya, en el que la presencia masculina en la Executiva Nacional casi triplica a la femenina (31 frente a 12).                     Siguiendo esta lógica, en el avance del barómetro de febrero del CIS podemos observar que el 57.7 % de los encuestados afirmó que quedaban muchas cosas por hacer para garantizar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres; y el 31.2% que aún quedaban bastantes cosas por hacer. Se refleja en ello que en la sociedad es más que palpable la necesidad de seguir legislando e implementando políticas en pro de la igualdad real entre hombres y mujeres. Son muchos los factores que discriminan a la mujer y que la sitúan en una posición de mayor vulnerabilidad; y abundantes y diversas las consecuencias que de ello se derivan, siendo la menor representación política solo una de ellas. En un sistema democrático, que parte de una idea de igualdad política entre

El origen de la Unión Europea fue el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1951), el cual suponía la aparición de una fórmula desconocida hasta entonces en el Derecho Internacional, consistente en que los países pasaban a ejercer parcelas de su soberanía de forma conjunta a través de instituciones comunes, entre las que se incluía una Asamblea Común. Tras diversos avances y sucesivas incorporaciones, finalmente en el año 1979 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento Europeo. Años después, en 1992, con la entrada del vigor del Tratado de Maastricht, se reconoce por primera vez el concepto formal de ciudadanía europea, de tal modo que pasan a considerarse ciudadanos de la Unión todas las personas que tengan la nacionalidad de un Estado Miembro; configurándose la ciudadanía europea como complementaria a la nacional. Por lo tanto, la relación entre los Estados Miembros de la Unión Europea pasa de ser una relación meramente económica a ser también una relación política. España no se adhirió a la Unión Europea hasta el año 1986, celebrándose por primera vez elecciones al Parlamento Europeo en nuestro país en el año 1987, a mitad de legislatura. Según lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa; en base a la cual los ciudadanos estarán directamente representados a través del Parlamento Europeo, por lo que el Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. Los 751 miembros con los que cuenta actualmente el Parlamento Europeo se verán reducidos a 705 tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea; y de esos 705, elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años, España elegirá a 59. En cuanto a los niveles de participación en las elecciones al Parlamento Europeo en España, ésta ha mostrado una pauta decreciente. En los primeros comicios europeos celebrados en España (1987), la participación fue del 68,52%, frente al 45,84% registrado en nuestro país en las últimas elecciones europeas de 2014. El declive de participación en las elecciones al Parlamento Europeo solo tiene como excepción las elecciones europeas de 1999, año en el que coincidieron con las elecciones municipales y autonómicas y se alcanzó una cuota de participación del 63,05%. Sin embargo, en lo que concierne a las elecciones generales, los niveles de participación suben en comparación con las europeas, habiendo alcanzado máximos que rozan el 80% de participación, y su mínimo en las últimas elecciones generales de 2016, con un 66,48% de participación. Casi coinciden el mínimo de las elecciones generales con el máximo de las elecciones europeas. Por lo tanto, es más que evidente la existencia de abstención diferencial, es decir, la existencia de votantes que no participan en los comicios europeos, a pesar de hacerlo en las elecciones generales. Desde el punto de vista normativo, la participación electoral es esencial para otorgar legitimidad democrática al sistema político y para la consecución de la igualdad política entre los ciudadanos, ya que aquéllos que no participan influyen en menor medida en las políticas públicas que se ejecutan desde la Unión Europea. Niveles elevados de participación electoral suelen asociarse con una mejor representación de los intereses de la sociedad en su conjunto (Lijphart, 1997). En el Barómetro de Diciembre del CIS, en el que se consultaba acerca de la intención de participación en los comicios europeos y sobre los motivos que activaban la abstención, solo un 61,2% de los encuestados considera que su voto es útil, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica.                     En cuanto a los principales motivos de abstención, es más que evidente la desafección política. La percepción de la inutilidad del voto sumada a la aversión por la política y por sus representantes, parece dibujar un panorama desesperanzador respecto a la participación en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.                           Aún así, cabe mencionar que la coincidencia temporal de varias consultas o elecciones genera “economías de escala”, tanto en la demanda electoral como en la oferta de la misma, lo que produce un efecto de incremento de la participación (Aldrich, 1997). Además, cuando se celebran varios comicios simultáneamente, crece la atención al respecto por parte de los medios de comunicación, lo que provoca mayor interés en la sociedad (Geys, 2006). Los ciudadanos deciden votar o no en base a sus niveles de motivación e interés, después de analizar casi de modo inconsciente el beneficio que reportará su voto frente a los costes de ir a votar. Si hay varias elecciones coincidentes, los beneficios pueden multiplicarse, mientras que el coste seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, no es descabellada la previsión de que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el 26 de mayo, habrá un aumento de participación en comparación con las que las anteceden, ya que la concurrencia con otros comicios puede ser un factor fundamental de activación de la participación. SW DEMOSCOPIA. María Macías Ibáñez. Jurista y Politóloga.

Pasadas las primeras 48 horas tras las elecciones al Parlamento de Andalucía hacemos balance de los sondeos publicados, también del nuestro, de los resultados y de las variables que más han podido afectar a los estudios demoscópicos y de la complejidad de las proyecciones en entornos electorales como el del dos diciembre. Para ello trataremos de responder a algunas de las preguntas más pertinentes en este momento: 1.¿Se han alejado mucho los sondeos de los resultados finales? No, el error medio de estimación de porcentaje de voto de los sondeos publicados desde el 17 de octubre hasta el 26 de noviembre, último día permitido de publicación, ha variado desde el mayor obtenido por DEIMOS de 5.49, hasta el mejor de 2,26 de GAD3. La encuestadora de cabecera del grupo Publicaciones del Sur, SW Demoscopia, ha sido la tercera mejor, de entre un total de 16 casas demoscópicas, ya que se ha acercado a los resultados con un error medio de solo 2,76 tal y como se recopilado y publicado en el portal de encuestas Electomania.es (ver tabla) En este sentido, SW Demoscopia ha pronosticado correctamente 27 de las 32 horquillas provinciales de los cuatro grandes partidos, tal y como se ha publicado en este mismo medio. Algo que no resultaba nada fácil metodológicamente en un contexto electoral tan volátil como el que hemos tenido en Andalucía este fin de semana. Las estimaciones de escaños se complican por la conocida sobrerrepresentación en escaños de las provincias menos pobladas y la infrarrepresentación de las más pobladas. En concreto, y en estas elecciones, el escaño de cierre en Sevilla ha necesitado de unos 42.000 votos, mientras que el mismo de Huelva solo 16.000. El coste por escaño de cada partido el 2-D ha sido para Andalucía Delante de 34.355 votos, para VOX de 32.998, para Ciudadanos de 31.411, para el PSOE de 30.583 y, finalmente, para el PP de 28.818. Contra todo pronóstico, al haber superado VOX la barrera del 10% su representación en escaños se ha ido a dos en cuatro provincias. El efecto disgregador del voto de derechas que esperaban algunos analistas se ha visto compensado de sobra por el resultado de esta fórmula matemática de la ley D´Hont. Pero sin duda, ha sido la desmovilización de buena parte del electorado del PSOE y no exactamente el abstencionismo lo que ha provocado este tsunami demoscópico y electoral. Ninguna casa fue capaz de anticipar tan alto grado de desmovilización del electorado socialista como queda demostrado en el estudio de participación de las secciones censales con mayor voto de izquierdas, en muchas de las cuales la caída de la participación ha sido significativa, frente a la mejor participación de las secciones censales con mejores resultados en estas elecciones para los partidos de centro derecha. Con ello, se debe anotar que las campañas sí sirven a los partidos porque movilizan o desmovilizan un porcentaje elevado de los votantes. El alto número de encuestas publicadas en este último mes venía a coincidir en que la suma de escaños de PSOE y Andalucía Adelante superaba cómodamente la mayoría absoluta lo que, posiblemente, ha podido tener un efecto desmovilizador en parte de su electorado. En sentido contrario, en la alta competencia por el voto útil de PP, Ciudadanos y VOX, especialmente en las dos semanas previas a las elecciones – con flujos y derrames de votantes que se veían continuamente reflejados en los sondeos de estas semanas- ha podido surtir el efecto contrario, en especial hacia VOX, partido que finalmente hizo de centro gravitatorio que absorbía mejor que ningún otro el voto útil, con posibilidad de obtener escaños, del fin de campaña, algo que las últimas encuestas publicadas subrayaban oportunamente. 2.¿Por qué ninguna encuesta fue capaz de anticipar el resultado de VOX? IMOP publicó el 20 de octubre su encuesta con unos resultados de 0% de voto para VOX. La última publicada por GAD3 el 26 de Noviembre era ya de 6,8 puntos. El tracking realizado por esta misma encuestadora en el período inhábil de publicación y dada a conocer el mismo día de las elecciones al cierre de los colegios le otorgó finalmente un 10,2 % de voto a VOX. Cada nuevo estudio que se iba publicando durante el mes de noviembre incrementaba en varias décimas la estimación que el estudio anterior otorgaba al partido de Santiago Abascal. La subida diaria durante la campaña electoral de VOX se puede estimar en 0,4 puntos, lo que ha supuesto un crecimiento exponencial muy rápido y en muy poco tiempo. Obviamente aquellas encuestadoras que realizaron sus trabajos de campo tres o cuatro semanas antes de las elecciones no pudieron adelantar el resultado final tan elevado de VOX. En el caso de SW Demoscopia, el grueso del trabajo de campo de la macroencuesta se realizó a finales del mes de octubre. Nuestra encuestadora previó un porcentaje de voto del 4,2 y de 0-4 escaños, datos que se han revelado alejados del resultado final pero apuntaban ya a un crecimiento significativo de peso de la nueva formación. Como dato recordemos que el CIS, con una muestra de 4.920 entrevistas y con un trabajo de campo realizado también a finales de Octubre, solo le otorgó a VOX un 3,2 % de votos y un único escaño por Almería. Una volatilidad tan alta como la del electorado de VOX solo ha podido ser dibujada a grandes rasgos a lo largo del mes de noviembre, pero, efectivamente, la propia limitación legal de publicar encuestas los cinco días previos al día de la votación, dejó sin luz tanto a las encuestadoras como a los propios votantes, también a los de VOX. Si se hubiera podido seguir publicando encuestas hasta el día de las elecciones, posiblemente, el efecto de arrastre del voto útil hacia VOX hubiera sido incluso mayor del que finalmente se ha producido. 3.¿A qué se puede deber el crecimiento tan rápido del voto a VOX? La reciente campaña electoral andaluza ha sido muy interesante sociológicamente en varios aspectos. A pesar de que

A dos semanas de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre los resultados siguen siendo objeto de análisis, de encuestas postelectorales, de debates y artículos periodísticos que tratan de pergeñar explicaciones más o menos plausibles de lo que pasó. En el capítulo XIX de El Quijote trata un recto canónigo de hacerle ver al caballero andante la locura que lo embarga: “¿Es posible, señor hidalgo, que haya podido tanto con vuestra merced la amarga y ociosa lectura de los libros de caballerías, que le hayan vuelto el juicio de modo que venga a creer que va encantado, con otras cosas de este jaez, tan lejos de ser verdaderas como lo está la mesma mentira de la verdad?”, a lo que el ingenioso hidalgo replica: ”Pues yo hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced, pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recebida en el mundo y tenida por tan verdadera, que el que la negase, como vuestra merced la niega, merecía la mesma pena que vuestra merced dice que da a los libros cuando los lee y le enfadan. Porque querer dar a entender a nadie que Amadís no fue en el mundo, ni todos los otros caballeros aventureros de que están colmadas las historias, será querer persuadir que el Sol no alumbra ni el yelo enfría ni la tierra sustenta…”. Tal era la cantidad de verdades y de mentiras que mezclaba nuestro Don Quijote que el pobre canónigo quedó admirado y le llegó a reconocer parte de verdad en sus disparatadas narraciones. Cuesta admitir que la mecánica de la persuasión como proceso personal y social haya variado tan poco desde que escribía Cervantes. Y es que los atajos mentales, conocidos como heurísticos, siguen siendo procesos que simplifican la toma de decisiones complejas o la resolución de problemas con múltiples variables o mucha información disponible. Un problema complejo puede ser presentado como un problema simplificado para facilitar la toma de una decisión concreta. Un ejemplo clásico de heurístico es la utilización de prejuicios para simplificar y suplir la falta de información y el conocimiento de un sujeto concreto adjudicándole características generales que suponemos tiene el grupo al que pertenece, por ejemplo, solemos encapsular a determinados grupos sociales o étnicos con definiciones y características comunes que aplicamos a una persona concreta de ese grupo. Nos ocurre a los andaluces cuando hablan de nosotros en aspectos como el del baile o el cante, o a los catalanes cuando hablan o hablamos de ellos sobre su fama de tacaños. Pero ni todos los andaluces sabemos cantar o bailar, ni todos los catalanes son poco desprendidos por definición. Pero el atajo cognitivo está ahí y es difícil cambiarlo. Los heurísticos sociales y políticos no solo existen, sino que pueden ser usados convenientemente para la movilización del voto. El efecto de la simplificación de los adversarios políticos resuelve de un plumazo la complejidad de las informaciones partidistas, y disipa la necesaria evaluación de las políticas realizadas o de las promesas electorales ofertadas por los contendientes. Por ejemplo, un buen número de votantes se ve afectado por el heurístico de la disponibilidad, que básicamente supone tomar decisiones basándose en la información más frecuente o repetida. El ejemplo del desembarco mediático del Aquarius en Valencia con 600 inmigrantes a bordo supuso el señalamiento de la inmigración como uno de los mayores problemas del país. Pocos parecían tener presente que esa misma semana, y en las anteriores, seguían llegando en pateras a las costas de Cádiz varios miles de inmigrantes, o lo que es lo mismo, a razón de un Aquarius diario. Si usamos una herramienta de monitorización de redes sociales comprobamos que en el mes de noviembre pasado la aparición de menciones con las palabras “PSOE y corrupción” prácticamente se doblan desde el inicio de mes, coincidiendo con la aproximación a la campaña electoral y a las elecciones andaluzas. Y las menciones a “Régimen socialista y Andalucía” casi se quintuplican en plena campaña electoral. Por lo tanto, la preeminencia de determinados mensajes no solo no es casual, sino que sirve de vector de promoción de algunos de los heurísticos electorales que comentamos. La heurística de la disponibilidad ayuda a entender por qué algunos asuntos están muy presentes en la mente del electorado, y otros pasan más desapercibidos. Las redes sociales como Facebook, Twitter o WhatsApp, son canales de refuerzo de esos mensajes y los fijan, con mayor rapidez y cobertura y sin necesidad de mediación de los medios de comunicación tradicionales, en la memoria del elector. Las tercera ley de Newton, conocida como principio de acción y reacción, se resume para los profanos así: A cada acción siempre se opone una reacción de igual intensidad en sentido contrario. En cualquier interacción social o política se encuentran en oposición dos fuerzas en oposición. El ejemplo clásico para entenderla es de una persona que empuja a otra de peso similar, las dos se mueven, pero en sentido contrario. Como sabemos, el respaldo a los partidos políticos y a los candidatos en nuestro país es cada vez menor, al punto de que apenas alguno llega al aprobado raspado en las valoraciones que de ellos hacen los electores. Los partidos políticos son vistos como engranajes de poder anticuados y anclados en las instituciones con poca conexión con la realidad social y los problemas reales de la calle. Esta erosión de quienes tienen la responsabilidad de representarnos en las instituciones provoca un cada vez mayor voto de castigo o de rechazo. En algunos casos por algún tipo de resentimiento, en otros más graves, por la percepción de amenazas al modo de vida, al statu quo, o a los sentimientos de pertenencia a una colectividad o nación. En estos casos el voto se usa como una forma efectiva de hacer algo contra un partido o contra un determinado candidato. La articulación de los mensajes a estos votantes se diseña con campañas de mensajes claros basados en una definición simplista del “enemigo